Creación de un Sistema de Protección Integral para la Persona Adulta Mayor, orientado a integrar y articular en un solo marco las normas, servicios y programas hoy existentes pero dispersos. Actualmente, la atención se encuentra repartida entre distintas entidades y niveles de gobierno, lo que en la práctica dificulta el acceso oportuno y claro para las personas adultas mayores y sus familias.

Este Sistema tiene por finalidad garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, su bienestar físico, psicológico, social y económico, así como su inclusión y participación activa en la sociedad. Se sustenta en los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad; prioriza la prevención del abandono, la violencia y cualquier forma de vulneración de derechos.

Reforma del marco legal de seguridad ciudadana sobre la base de sistemas de evaluación con métricas objetivas y verificables. Es indispensable incorporar herramientas técnicas que permitan medir la incidencia real de las normas en la población y su impacto en la criminalidad.

Mediante estos sistemas de medición, evaluaremos de forma objetiva si la normativa vigente genera un efecto disuasivo y contribuye efectivamente a reducir los delitos. Estos mecanismos permitirán tomar decisiones informadas para actualizar, corregir o fortalecer las leyes de seguridad ciudadana con base en resultados y no en percepciones.

Impulsaremos el fortalecimiento del sistema de defensa pública (defensa de oficio) como pilar del acceso a la justicia. Para ello, promoveremos una regulación clara sobre la modalidad y condiciones de uso de los servicios gratuitos brindados por los defensores públicos, junto con mecanismos efectivos de seguimiento, supervisión y evaluación por parte de la entidad responsable.

Estas medidas permitirán asegurar calidad en la defensa legal, una asignación eficiente y transparente de recursos y la protección efectiva de derechos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad.

Impulsaremos el emprendimiento juvenil a través de la creación de un entorno real de oportunidades para que los jóvenes puedan iniciar y consolidar sus propios negocios. Para ello, se plantea la creación de una ventanilla única integral para emprendedores, donde todos los trámites necesarios para formalizar un negocio puedan realizarse en un solo lugar y en un periodo mucho más corto, evitando que los jóvenes tengan que acudir a múltiples instituciones y enfrentar procesos burocráticos que toman varios días o semanas. Además, la ley promoverá programas de capacitación en gestión empresarial y educación financiera, así como acceso a créditos semilla y financiamiento con condiciones accesibles, permitiendo que las ideas de los jóvenes se conviertan en emprendimientos sostenibles que generen empleo, innovación y oportunidades para el desarrollo del país.